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En esta semana, dos ataques a tiendas de la cadena Soriana –en Monterrey, Nuevo León, y en Mazatlán, Sinaloa– desencadenaron serias acusaciones contra la coalición Movimiento Progresista, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado que se publicó ayer en los diarios La Jornada, Reforma y El Universal, el grupo que preside Francisco Javier Bringas acusó a AMLO, a Ricardo Monreal Ávila y a Jesús Zambrano Grijalva de ser quienes han provocado los ataques contra su empresa.
“Señalamos de forma particular a los señores Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y Jesús Zambrano como responsables de todos los daños físico y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones pudieran sufrir en la ejecución de manifestaciones que promueven e incitan, mismas que, lamentablemente, han intensificado su agresividad y violencia, causando molestias no sólo a colaboradores de Soriana sino a miles de clientes que son arbitrariamente obstruidos al momento de realizar su compras”, planteó el grupo.
También exigió que se frenen las “difamaciones” y publicidad negativa que afectan la imagen de la empresa y frenar lo que definió como “incitación a actos de violencia y división social”.
Por supuesto, el desplegado de Soriana tuvo una respuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática, que pidió a los directivos de esa empresa a actuar con responsabilidad y apego a derecho.
“Los exhortamos a dejar de lado la calumnia y colaborar en la construcción de un mejor país”, planteó el PRD. “Soriana se coloca en una actitud defensiva y de gran irresponsabilidad al hacer estas temerarias acusaciones, totalmente falsas”, añadió, y también aclaró que luchar por la defensa del voto “no provoca división social, la división social la provocan quienes actúan fraudulentamente”.
El propio López Obrador escribió en su cuenta de Twitter (@lopezobrador_): “Los dueños del PRI pensaron que podían comprar la Presidencia y ahora su dinero ilícito los está desnudando. No me culpen a mí. Serénense”.
Lo cierto es que, en este caso como muchos otros que se han presentado antes, durante y después de la elección, no hay una autoridad que ponga freno a tan temerarias acusaciones.
No ayuda al ambiente, de por sí ya tenso en todo el país, que los empresarios acusen sin tener las pruebas en la mano, como tampoco ayuda que el Movimiento Ciudadano se enfrente a éstos en una guerra de descalificaciones y, encima, la autoridad se esconda.
Los encargados de la impartición de justicia deben investigar quién está detrás de los ataques a Soriana, pero también la autoridad electoral debe aplicarse y aclarar el caso de las miles de tarjetas de prepago que aparecieron el 1 de julio y que, supuestamente, fueron usadas por el PRI para comprar votos a favor de la causa de Enrique Peña Nieto, lo que significaría un delito electoral.
La polarización y la incertidumbre, lo hemos dicho en este espacio, no ayudan a nadie y sí pueden ser una carga muy pesada para quien, al final de los trabajos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulte el vencedor oficial de los comicios y tenga que gobernar a un México dividido.
